Estudio: Brasil afronta hasta €13,14bn en pérdidas fiscales tras prohibición provisional

Brasil podría perder BRL 73 mil millones en ingresos fiscales durante los próximos cuatro años como resultado de la prohibición provisional del mercado regulado de juegos de azar en línea introducida por la Medida Provisional Nº 1394, concluye un estudio publicado el 9 de octubre de 2026. La consultora LCA Consultores sitúa la pérdida potencial en torno a €13.14 billion (BRL 73 billion) y advierte que la medida también afectaría al empleo, a las reclamaciones por compensación y al patrocinio deportivo.

Los números: ingresos, empleos y salarios

LCA Consultores calcula un déficit total de ingresos fiscales de BRL 73 mil millones en un periodo de cuatro años tras la suspensión del mercado regulado de juegos de azar en línea en Brasil por la Medida Provisional Nº 1394. El estudio convierte esa cifra a aproximadamente €13.14 billion.

El informe estima los efectos sobre el empleo en dos categorías. Los puestos directos de la industria que dependen del mercado regulado suman aproximadamente 10,000 posiciones, mientras que otros 5,500 empleos se identifican como dependientes indirectamente del sector. Los salarios anuales asociados a los puestos directos totalizan actualmente cerca de BRL 460 million al año, según el estudio.

Reclamaciones por compensación y consecuencias comerciales

El estudio señala que las empresas titulares de licencias pagadas podrían exigir compensación por las licencias perdidas, estimando reclamaciones de hasta BRL 2.55 billion. También destaca una consecuencia comercial: los operadores de juego aportaron más de BRL 1.1 billion este año para apoyar la Serie A brasileña de fútbol, un flujo de patrocinio que se detendría si cesan las operaciones reguladas.

"Los usuarios más comprometidos que actualmente utilizan servicios de empresas del mercado regulado de juego se verán obligados a migrar a sitios ilegales tras su cierre, lo que dejará a los usuarios sin la protección que tenían antes."

LCA Consultores vincula este desplazamiento a brechas de protección: los clientes más activos probablemente seguirán apostando pero lo harán en sitios ilícitos donde las protecciones al consumidor y la supervisión presentes en el mercado regulado ya no aplican.

Mecánica legal: ¿quién puede revertir la prohibición?

La Medida Provisional Nº 1394 es el instrumento legal que suspendió las operaciones en el mercado regulado de juegos de azar en línea. El Presidente de Brasil conserva la autoridad para cancelar la medida provisional. De forma separada, el Congreso Nacional puede anular la medida mediante sus procedimientos legislativos, revirtiendo la suspensión.

El estudio sitúa sus proyecciones fiscales en este marco legal condicional: las estimaciones económicas asumen que la medida provisional permanece en vigor durante el periodo analizado y señalan los remedios ejecutivos y legislativos disponibles que podrían poner fin a la suspensión.

Calendario político y la elección de 2026

El calendario de la elección presidencial de Brasil transcurre junto al conflicto regulatorio. El estudio hace referencia al concurso presidencial programado para octubre de 2026. Tras la votación de primera vuelta del 4 de octubre de 2026, el estudio informa que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva va por detrás del actual, Jair Bolsonaro, por un margen de 2 percentage points, y que una segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre de 2026. Los autores sitúan la suspensión provisional dentro de ese calendario electoral, señalando el contexto político en el que se adoptó la medida y en el que podría ser rescindida.

Impacto en el mercado y riesgos sectoriales específicos

LCA Consultores identifica varios riesgos sectoriales ligados a la suspensión:

• pérdida de ingresos fiscales para las arcas federales y estatales (BRL 73 mil millones en cuatro años);

• pérdida de empleo directo e indirecto (10,000 directos; 5,500 indirectos);

• riesgo sobre la masa salarial del sector directo, de BRL 460 million por año;

• posibles reclamaciones por compensación de licencias de hasta BRL 2.55 billion;

• el cese de más de BRL 1.1 billion en patrocinio a la Serie A brasileña de fútbol.

Los autores subrayan que la interrupción de la actividad regulada puede producir desplazamiento hacia operadores ilícitos, con los consiguientes retos de protección del consumidor y de aplicación para los reguladores y las fuerzas de seguridad.

Qué deben tener en cuenta operadores, titulares de derechos y responsables políticos

Los operadores con licencias pagadas que han sido suspendidas están en posición legal para negociar o reclamar compensación; el estudio cuantifica las reclamaciones potenciales en BRL 2.55 billion. Los titulares de derechos deportivos que dependen del patrocinio de empresas de juego reguladas afrontan un déficit material: el estudio cita más de BRL 1.1 billion aportados a la Serie A brasileña solo en este año.

Los responsables políticos disponen de dos vías inmediatas para revertir o mitigar los efectos económicos: el Presidente puede cancelar la medida provisional y el Congreso Nacional puede votar para anularla. El estudio no prescribe qué vía debe adoptarse; limita su cometido a cuantificar los impactos económicos y sobre el empleo si la suspensión perdura.

Dónde se sitúa esto en la cobertura de regulación

La suspensión del mercado regulado de juegos de azar en línea bajo la Medida Provisional Nº 1394 es un evento regulatorio activo con consecuencias fiscales, laborales y comerciales en los ámbitos del deporte y los derechos audiovisuales. Observadores y empresas afectadas seguirán tanto la acción ejecutiva del Presidente como la actividad legislativa del Congreso para conocer el estatus legal del mercado.

Para el seguimiento de las repercusiones regulatorias y de cómo se intersecta esto con el patrocinio y la financiación deportiva, los lectores pueden seguir las novedades en nuestra [regulación](/regulation) y en nuestra [deportes](/sports) cobertura. El estudio de LCA Consultores ancla la estimación fiscal inmediata en BRL 73 mil millones en cuatro años y establece los parámetros para un análisis jurídico, comercial y de cumplimiento posteriores.