Operadores con licencia montan protesta en paneles del Brasileirão contra la MP 1.394/2026

Los operadores de apuestas con licencia llevaron a cabo una campaña coordinada de mensajes en los laterales del campo en partidos del Brasileirão el viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 2026 para protestar contra la Medida Provisória 1.394/2026. Los mensajes, colocados por empresas afiliadas a la Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) y al Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), reproducían el manifiesto publicado el 25 de septiembre bajo el lema “Proibir não é Proteger”. La campaña busca destacar las consecuencias de la orden ejecutiva federal firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que prohíbe a los operadores con licencia operar en Brasil.

Qué apareció en el campo: el mensaje y las colocaciones

Los carteles mostraron tres líneas cortas de texto: “Proibir não é proteger”, “A proibição não acaba com as apostas” y “Acaba com a proteção de quem aposta.” Los organizadores confirmaron que los mensajes se exhibieron en el encuentro São Paulo v Santos el viernes y en el partido Atlético-MG v Bragantino el sábado. Los clubes fueron mencionados entre las entidades afectadas por la medida federal, que según los organizadores altera planes de patrocinio e inversión existentes.

Por qué ANJL e IBJR dicen que la prohibición importa para el ecosistema deportivo

El manifiesto fue emitido de forma conjunta por la Associação Nacional de Jogos e Loterias y el Instituto Brasileiro de Jogo Responsável junto a operadores con licencia activos en Brasil. ANJL advirtió que el mantenimiento de un entorno regulado con reglas claras y seguridad jurídica es necesario para que clubes, empresas y otros agentes de la cadena deportiva puedan planificar inversiones a largo plazo. Plínio Lemos Jorge, presidente de la Associação Nacional de Jogos e Loterias, dijo lo mismo.

“Para ANJL e o IBJR, a manutenção de um ambiente regulado, com regras claras e segurança jurídica, é fundamental para que clubes, empresas e demais agentes da cadeia esportiva possam planejar seus investimentos de longo prazo,” said Plínio Lemos Jorge.

Carlos Lima, presidente del Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, sostuvo que el debate debe considerar los efectos en la cadena más amplia y preservar la seguridad jurídica que permite a empresas, clubes y socios planificar y cumplir compromisos.

“Para as entidades, eventuais mudanças devem considerar os efeitos sobre essa cadeia e preservar a segurança jurídica necessária para que empresas, clubes e demais parceiros possam planejar investimentos e cumprir compromissos assumidos,” said Carlos Lima.

El contexto legal y de mercado: Medida Provisória 1.394/2026

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la Medida Provisória 1.394/2026, que prohíbe a los operadores de apuestas con licencia operar en Brasil. ANJL e IBJR afirman que la MP afecta no solo compromisos comerciales existentes sino también la planificación de próximas temporadas, la negociación y renovación de patrocinios y la predictibilidad de la inversión a lo largo de las cadenas deportivas y de apuestas.

El manifiesto remite a cifras oficiales publicadas por el Ministério da Fazenda que muestran que 31 millones de personas estaban activas en plataformas con licencia antes de la MP. La cifra ministerial se cita para subrayar que la mayoría de esos usuarios apostaban de forma recreativa y responsable.

Evidencia del crecimiento del mercado ilegal desde la MP

ANJL e IBJR advierten que el mercado ilícito se ha expandido desde la publicación de la MP. Datos de monitorización de Legitbet, la plataforma oficial de seguimiento de ANJL, registraron 6,401 nuevos sitios de apuestas ilegales confirmados entre el 22 y el 28 de septiembre y 811 enlaces a esas plataformas en canales monitorizados durante el mismo periodo. Antes de la prohibición, el mercado ilícito representaba 41% del volumen apostado en Brasil; ANJL e IBJR proyectan que esa cifra podría alcanzar 100% si la demanda migra por completo a operadores no autorizados.

Una consultora citada por el manifiesto, LCA, estima que hasta R$73 billion en ingresos públicos entre 2027 y 2030 estarían en riesgo si toda la demanda se traslada a operadores ilegales.

Peticiones de política pública del manifiesto y prioridades del sector

La declaración conjunta de ANJL e IBJR sostiene que la solución es un mercado regulado que preserve las protecciones para los apostadores y combata el crimen organizado en el sector clandestino. El documento ofrece áreas específicas que la industria considera deben figurar en cualquier conversación regulatoria:

• límites de depósito y tiempo para jugadores

• reglas publicitarias más estrictas

• mayores salvaguardas de salud mental

• acción intensificada contra sitios web ilegales

ANJL e IBJR sostienen que esas protecciones no pueden ser ofrecidas por operadores clandestinos y afirman que las firmas licenciadas están listas para discutir normas más estrictas dentro de un marco regulado.

Quién firmó y quién se ve afectado

El manifiesto enumera a ANJL e IBJR junto a operadores con licencia que actualmente poseen autorizaciones para operar en Brasil. La lista de miembros de ANJL incluida con la declaración nombra un amplio conjunto de empresas orientadas al mercado brasileño y proveedores del sector. Ambas asociaciones dicen que siguen disponibles para el diálogo con las autoridades a medida que se aclara el panorama jurídico.

Qué significa esto para operadores, clubes y reguladores

Los efectos comerciales inmediatos que reportan ANJL e IBJR incluyen la perturbación de los ingresos por patrocinio, la incertidumbre sobre la renovación de contratos y la dificultad para planificar inversiones plurianuales. Las asociaciones enmarcan la MP como una decisión de política que desplaza la actividad de mercado hacia canales no regulados y aumenta la exposición de consumidores vulnerables a operadores ilegales.

Los lectores interesados en el debate regulatorio y la reacción de la industria pueden seguir la cobertura en nuestros despachos de [regulación](/regulation) y [deportes](/sports). Para operadores y titulares de derechos, la tarea práctica es evaluar los compromisos contractuales existentes y la exposición que crearán las medidas posteriores a la MP.