Italia ordena un secuestro preventivo por más de €25M en el caso Gratta e Vinci

El 23 de octubre de 2026 se ejecutó un secuestro preventivo de bienes y activos financieros por un valor superior a €25,067,224 en relación con cinco ex empleados del concesionario responsable de los juegos instantáneos Gratta e Vinci. La medida fue adoptada por la sección de Lazio de la Corte dei conti tras el inicio de actuaciones por parte de la fiscalía regional y busca preservar fondos que podrían ser requeridos para satisfacer una eventual condena. Las imputaciones no están fijadas por una sentencia definitiva.

Alcance y bienes afectados

La orden, calificada en la ley italiana como sequestro conservativo, fue ejecutada por el comando provincial de Roma de la Guardia di Finanza tras la decisión de la Corte dei conti de Lazio. Cubre 25 unidades inmobiliarias —entre apartamentos, pequeñas villas, garajes y cantinas— localizadas en las provincias de Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto y Reggio Calabria. También quedan afectados cinco vehículos (coches y motocicletas) y participaciones o posiciones en instrumentos financieros.

Los fiscales fijaron el presunto daño a la administración pública en €25,067,224, cifra que supera el valor combinado de los cuatro premios implicados, €24,000,000. Ese total se compone de dos primeros premios de €7,000,000 cada uno y dos premios de €5,000,000 cada uno.

Qué alegan los investigadores

Según las pesquisas de la Guardia di Finanza, los cinco ex empleados habrían utilizado credenciales de acceso a los sistemas informáticos del concesionario para identificar boletos ganadores de alto valor y determinar a qué puestos de venta se distribuirían esos boletos. Posteriormente, allegados y familiares habrían comprado los billetes en esos puntos de venta.

Los cuatro premios que centran la investigación corresponden a operaciones registradas entre 2015 y 2019: dos premios de €5 millones vinculados a billetes comprados en 2015, y dos premios de €7 millones relacionados con compras en 2017 y 2019. Los fiscales distinguen entre la mera compra de boletos ganadores y el uso de información privilegiada sobre la ubicación de los premios.

"La medida es precautoria y busca la preservación de bienes ante una posible responsabilidad financiera", explicó la fiscalía en referencia al sequestro conservativo, según las diligencias de la Guardia di Finanza.

Por qué la reclamación se dirige contra la administración pública

La reclamación se persigue en representación de la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la autoridad italiana responsable de aduanas y monopólios, y no como una demanda presentada por el concesionario. La tesis de los fiscales se basa en la posibilidad de que los cuatro premios hubieran quedado sin reclamar y, por tanto, en que los fondos correspondientes habrían revertido al erario público en lugar de ser abonados.

La diferencia entre los €24 millones en premios y los €25,067,224 reclamados refleja la cifra global que los fiscales han puesto a discusión en las actuaciones de auditoría; su base jurídica y contable será sometida a valoración por el tribunal.

Rol del concesionario y marco de la concesión

El concesionario es Lotterie Nazionali S.r.l., identificado por la ADM como responsable de la gestión del sistema de boletos instantáneos. La ADM describe el proceso de incorporación de premios en los billetes y la validación de los mismos a través del sistema informático del concesionario. El contrato de concesión vigente se extiende hasta el 30 de septiembre de 2028.

Las autoridades han señalado expresamente que la compañía no está sindicada como participante en la conducta imputada a los ex empleados. La investigación plantea, en cambio, preguntas sobre la separación de funciones, los controles de acceso y la detección de actividades atípicas en los sistemas que gestionan la producción y distribución de boletos.

Procedimiento en curso y antecedentes

Los cinco ex empleados han sido citados ante la Corte dei conti para responder en las actuaciones de naturaleza auditora. Un juez designado deberá decidir si confirma, modifica o revoca la orden de incautación preventiva; esa resolución determinará si las restricciones sobre los bienes permanecen vigentes.

La atención sobre las compras de boletos ya había surgido en una investigación penal informada en 2020, que abordó sospechas relacionadas con accesos a sistemas informáticos y adquisición de boletos ganadores. Las causas penales y las actuaciones ante la Corte dei conti siguen rutas distintas: la existencia de la investigación penal previa no establece, por sí misma, responsabilidad en las diligencias de auditoría.

Implicaciones de control y confianza pública

Los fiscales sitúan en el centro del caso la integridad del sistema de lotería instantánea y la protección de la recaudación pública. La acusación se apoya en la hipótesis de uso indebido de información interna para condicionar quiénes podían obtener premios, y esa hipótesis plantea cuestiones sobre credenciales de acceso, separación de funciones y monitorización de sistemas.

El desarrollo del proceso permitirá comprobar la base probatoria de la reclamación por €25,067,224 y si existe responsabilidad financiera recuperable en favor de la ADM. Hasta que no exista una sentencia firme, las imputaciones deben considerarse alegaciones y no una constatación de culpabilidad.

Miguel Sandoval, Corresponsal de regulación.