La Rioja y la DGOJ amplían hasta 2030 la conexión de registros de autoprohibidos

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la Comunidad Autónoma de La Rioja han prorrogado hasta el 11 de octubre de 2030 la interconexión automatizada de sus respectivos registros de personas con prohibición de acceso al juego. La adenda que extiende el acuerdo fue formalizada el 25 de septiembre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de octubre de 2026.

Alcance y objetivo de la conexión de registros autoprohibidos

El convenio mantiene la finalidad principal acordada en 2022: conectar de forma automatizada el registro estatal de prohibidos y el registro autonómico de La Rioja y desarrollar las herramientas informáticas necesarias para que esa integración sea efectiva. El mecanismo persigue facilitar la aplicación de las inscripciones de prohibición de acceso al juego inscritas en ambos registros, de manera que las administraciones puedan coordinarse y compartir información relevante sobre personas sujetas a medidas de exclusión.

La conexión automatizada supone que los sistemas informáticos de la DGOJ y los de la Consejería competente de La Rioja intercambien datos operativos sobre inscripciones y bajas, sin necesidad de procesos manuales continuos. El convenio obliga a ambas administraciones a colaborar en el desarrollo, mantenimiento y operación de esas herramientas.

Cronología: firma, prórroga y publicación en el BOE

El acuerdo original fue suscrito el 6 de octubre de 2022 entre el entonces Ministerio de Consumo y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de La Rioja. La prórroga que prolonga la vigencia del convenio por cuatro años adicionales fue formalizada el 25 de septiembre de 2026. El texto de la adenda apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de octubre de 2026, y establece la fecha límite de vigencia hasta el 11 de octubre de 2030.

El amparo jurídico para la prórroga se hace conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la posibilidad de extender convenios entre administraciones públicas dentro de los límites legales aplicables.

Qué implica la prórroga para las administraciones y el cumplimiento

Ambas administraciones acordaron por unanimidad la extensión del convenio. La unanimidad formaliza el compromiso conjunto para seguir coordinando la gestión de las listas de exclusión y para mantener operativas las herramientas informáticas compartidas.

Responsabilidades prácticas que quedan en el acuerdo incluyen:

• mantenimiento del enlace técnico que conecta los registros estatal y autonómico;

• desarrollo y actualización de las herramientas informáticas que permiten la transmisión y el registro de altas y bajas;

• coordinación administrativa para asegurar que las prohibiciones registradas se apliquen conforme a la normativa vigente.

El objetivo operativo es reducir la descoordinación entre registros y asegurar que las prohibiciones inscritas sean efectivas en los ámbitos competenciales correspondientes. Para operadores y servicios de juego esto supone disponer de una base de datos coordinada con la que contrastar listas de exclusión cuando proceda.

Marco normativo y razones jurídicas de la extensión

La prórroga se fundamenta en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que autoriza la prórroga de convenios entre administraciones en los términos y condiciones que la propia ley determina. La adenda no altera las funciones competenciales de cada parte; prolonga la vigencia del mecanismo de colaboración que fue pactado originalmente en 2022.

El texto publicado en el BOE confirma que la prórroga tiene carácter administrativo y que se extiende la cooperación interadministrativa para los fines expresados: compartir y gestionar información sobre personas sujetas a prohibiciones de acceso al juego.

Implicaciones prácticas para operadores y coordinación con registros

La continuidad de la interconexión facilita a las autoridades la ejecución de las prohibiciones inscritas y reduce la carga administrativa que supone mantener bases de datos divergentes. Para los operadores de juego con obligación de verificar listas de exclusión, la existencia de un registro estatal interoperable con el registro de La Rioja simplifica la comprobación de exclusiones en la fase de alta y en la supervisión posterior.

Las administraciones implicadas deberán asegurar la disponibilidad de los servicios y la integridad de los intercambios de datos durante el periodo prorrogado. La cooperación técnica incluye tanto el intercambio de altas y bajas como las labores de mantenimiento de las herramientas informáticas que soportan esa mensajería.

Próximos pasos administrativos y seguimiento

Con la publicación en el BOE del 12 de octubre de 2026, la prórroga queda formalmente operativa y la fecha de vencimiento del nuevo periodo es el 11 de octubre de 2030. Las partes deberán continuar con las tareas de soporte técnico y coordinación administrativa previstas en el convenio original y en la adenda aprobada por unanimidad.

Para quienes siguen la regulación del juego, la renovación de este tipo de convenios es una señal de continuidad en los mecanismos de control de accesos, y un recordatorio de la necesidad de que los sistemas de verificación de operadores consulten las fuentes oficiales de listas de exclusión, tanto estatal como autonómica. Puede consultarse más información sobre normativa y coordinación administrativa en la sección de regulación.

“La prórroga prolonga la vigencia del convenio durante cuatro años adicionales, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015”, recoge la adenda publicada en el BOE, según el texto oficial.

Miguel Sandoval, Corresponsal de regulación.